En sus 26 años de existencia, los oficiales de la fuerza policial indígena más grande de Canadá nunca han disparado y matado a nadie, y tampoco ningún oficial ha muerto en el cumplimiento de su deber, a pesar de la falta de recursos y la ausencia de mecanismos normales de responsabilidad.

El Servicio de Policía de Nishnawbe Aski (NAPS por sus siglas en inglés) está muy orgulloso de este registro, especialmente en tiempos donde las protestas en América del Norte por los asesinatos y la brutalidad con la que policías tratan a personas indígenas, negras o con problemas mentales.

La diferencia clave de la policía urbana, no indígena, dicen los expertos, es la construcción de relaciones entre los oficiales y las personas a las que sirven.

“En el pasado, podrías haber sido el único oficial allí”, dice Roland Morrison, jefe del NAPS desde Thunder Bay, Ontario. “No tendrías radio, no tienes respaldo, así que realmente tienes que usar tu comunicación y hablar con la gente. Debes desarrollar relaciones con las comunidades para tener una vigilancia positiva”.

Inaugurado en 1994, el NAPS es responsable de vigilar a más de 38,000 personas en 34 comunidades, muchas más allá de las remotas, a través de una vasta franja del norte de Ontario. Actualmente, el servicio tiene 203 oficiales y alrededor del 60% de ellos son indígenas.

Mientras que Erick Laming, un candidato a doctorado en criminología en la Universidad de Toronto, dice que las personas de las comunidades de las Primeras Naciones, tienen un mayor nivel de confianza cuando los oficiales son indígenas.

En contraste, dijo, los nuevos reclutas de RCMP sin tales antecedentes podrían encontrarse en Nunavut o Yukon enfrentantdo importantes barreras culturales y de idioma.

“Si eres de la comunidad, tienes esas experiencias vividas. Puedes relacionarte con las personas. Simplemente sabes cómo lidiar con los problemas ”, dice Laming. Sin embargo, “si no tienes esa historia, puedes tener toda la capacitación en sensibilidad cultural en el mundo, pero nunca podrás integrarte completamente en esa situación”.

Si bien todos los oficiales en Ontario reciben la misma capacitación básica, los nueve servicios de policía indígena de la provincia son fundamentalmente diferentes de sus homólogos no indígenas.

Por un lado, no se consideran un servicio esencial. Y los que están en Ontario tampoco están sujetos a la Ley provincial de servicios policiales, que exige normas, incluido un amplio marco de supervisión.

Otra diferencia es que las fuerzas indígenas dependen completamente de la financiación del programa gubernamental, con Ottawa con el 52% del proyecto de ley y las provincias con el 48%. El presupuesto de operaciones actual para el NAPS es de alrededor de $37.7 millones de dólares.

El resultado, particularmente en los años pasados, ha sido una grave escasez de oficiales e incluso de instalaciones y equipos básicos.

Ahora retirado, Terry Armstrong, quien pasó 22 años con la Policía Provincial de Ontario y cinco años como jefe de NAPS, dice que la gente se sorprendería al descubrir cuán mal financiado ha estado la policía de las Primeras Naciones.

Armstrong relata cómo hace unos años, en la comunidad de Hudson Bay de Fort Severn, Ontario, un oficial de NAPS se encontró lidiando con un homicidio. Además de tener que asegurar tres escenas del crimen y el cuerpo, el agente solitario tuvo que arrestar al sospechoso y tratar con una llamada de armas por separado. El mal tiempo impidió que cualquier ayuda forense u otra ayuda volara hasta el día siguiente.

Además, un trágico suceso en 2013 marcó a la policía indígena, cuando un oficial del NAPS detuvo a Lena Anderson, una joven madre ebria que estaba molesta por la detención de su hija, y que al ver que la vieja celda de detención no se podía usar porque los prisioneros podían escapar a través de agujeros en el piso, el oficial dejó a Anderson, de 23 años, en el asiento trasero enjaulado de la camioneta de la policía, para ir a buscar ayuda de su colega fuera de servicio. Cuando regresó, Anderson se había estrangulado.

La tragedia, combinada con una huelga amenazada por las condiciones de trabajo de los oficiales del NAPS, causó un alboroto.

En 2018 se logró un acuerdo de financiación que permitió la contratación de 79 nuevos oficiales durante cinco años y actualizaciones críticas de infraestructura para destacamentos y sistemas de comunicación pobres o inexistentes. También, el acuerdo se puso en marcha a la espera de la legislación de Ontario que finalmente permitiría a los servicios de policía de las Primeras Naciones optar por la Ley de Servicios de Policía, estableciendo estándares sólidos y mecanismos de responsabilidad.

Stephen Warner, portavoz de la Procuradora General de Ontario Sylvia Jones, confirmó que el gobierno estaba trabajando en las regulaciones de la nueva ley.

A pesar de la falta crónica de recursos, la policía indígena se comporta de manera muy diferente a sus contrapartes urbanas. Esto se refleja en la escasez de asesinatos policiales y comportamientos racistas que han sembrado una profunda desconfianza de la policía entre los grupos indígenas, negros y marginados.

“La policía convencional tiene mucho que aprender de la policía indígena”, dice el abogado con sede en Toronto Julian Falconer. “La relación entre la comunidad y la policía es dramáticamente diferente”, concluye.